La Reforma de la PAC es el primer gran dossier comunitario que estrena el proceso de codecisión del Parlamento Europeo. Tras la puesta en marcha del Tratado de Lisboa, el Parlamento ya no se limita a emitir un dictamen no vinculante como sucedía en el pasado, sino que tiene la facultad intervenir en el proceso de toma de decisiones con el Consejo y la Comisión. Este avance debería entenderse como un paso más en la construcción europea y pretende dar más poder a la Eurocámara que, hasta la fecha, ha sido más una institución consultiva que un órgano legislativo como correspondería a un Parlamento.
Desde el punto de vista del sector agroalimentario, al menos en lo que respecta a Cooperativas Agro-alimentarias de España, debemos decir que nos lo creímos y apostamos por ello, conscientes de las dificultades pero también de la gran oportunidad que se nos brindaba en la medida en que podríamos transmitir, a través del Parlamento Europeo, nuestras inquietudes y nuestros planteamientos al Consejo y a la Comisión en un escenario de negociación nuevo y mucho más democrático. De hecho, tanto Cooperativas Agro-alimentarias de España como el COPA-COGECA valoramos positivamente los dictamines aprobados por el Parlamento Europeo, por considerarlos más próximos a los planteamientos del sector que las propuestas del Comisario Ciolos.
Pero desgraciadamente tengo la impresión de que los hábitos adquiridos en la UE en los 50 años de existencia son difíciles de modificar y la intención del Consejo y de la Comisión de negociar las propuestas emanadas del Parlamento son más bien escasas, por no decir nulas. Esta sensación la tuve la semana pasada en Bruselas, cuando uno de los ponentes de la reforma de la PAC se lamentaba amargamente ante la imposibilidad de abrir líneas de negociación con la presidencia irlandesa, incluso nos revelaba la negativa de la Comisión a facilitarle la información que le estaba requiriendo. El eurodiputado explicó que el presidente del Consejo, el ministro irlandés de agricultura Simon Coveney, consideraba que el acuerdo político alcanzado el pasado mes de marzo en el Consejo de Agricultura estaba pillado con alfileres y, en consecuencia, el margen de maniobra para introducir las propuestas del Parlamento era prácticamente nulo. De hecho, el parlamentario nos comentó que la práctica totalidad de sugerencias realizadas caían en saco roto. La impotencia del Parlamento llega hasta tal punto que existe la amenaza de no ratificar el acuerdo de la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno alcanzado el pasado mes de febrero sobre las perspectivas financieras de la UE, lo cual supondría la parálisis del proceso de reforma de la PAC.
Así las cosas, podría pasar de todo: no cumplirse el calendario previsto y no alcanzar un acuerdo antes de la finalización del mes de junio; trocear la reforma y que sólo se aprueben los reglamentos que suscitan un mayor consenso; e incluso alcanzarse un acuerdo. No hacerlo supondría un fracaso estrepitoso del proceso negociador y se complicaría el proceso de reforma ante la convocatoria de elecciones previstas en Alemania para el próximo mes de septiembre.
Esta situación ha provocado el pánico y el presidente del COPA ha recriminado al Parlamento su amenaza de no ratificar las perspectivas financieras y complicar la discusión en el Consejo para la reforma de la PAC. Todo parece indicar que para nuestros vecinos del Norte más vale una mala reforma que una no reforma. Yo no soy de esa opinión y creo que una reforma a cualquier precio no se justifica ni ante el sector ni ante la sociedad. Pero mucho me temo que al final, como siempre, habrá acuerdo antes de que finalice la presidencia irlandesa. Lo peor vendrá después, cuando haya que convertir el acuerdo político en modalidades de aplicación, un acuerdo cogido con alfileres, donde los puntos oscuros no se han concretado por falta de compromisos precisos. Y lo peor no habrá terminado en Bruselas, vendrá cuando haya que trasponer la legislación comunitaria en España y veamos las dificultades que entraña la convergencia interna, la regionalización, la ausencia de instrumentos de regulación de marcado acordes con la volatilidad actual de los precios, cuando veamos que todo lo relativo al reequilibrio de la cadena se queda en una mera declaración de intenciones y la CNC seguirá capando a sus anchas.
Ante esta situación quiero reconocer la labor del Parlamento Europeo, al menos en lo que respecta a la reforma de la PAC, que ha sido mucho más estratégica que los debates desarrollados entre el Consejo y la Comisión, donde el “sálvese quien pueda” ha sido a norma imperante. Por ello, no puedo más que lamentar lo que está sucediendo y seguir apoyando una construcción europea más ambiciosa, donde compartamos una visión de futuro y rompamos de una vez los egoísmos cortoplacistas.
Lo dicho, la codecisión, a pesar de estar escrita en el Tratado de Lisboa y contar con el aplauso de todos, se puede quedar en un espejismo, en una declaración política que poco tenga que ver con la realidad, lo mismo que sucede con los principios inspiradores de la PAC: garantía de rentas, seguridad de abastecimiento, preferencia comunitaria,.....que se han mantenido en el Tratado, pero que, a juzgar por los hechos, están corriendo la misma suerte que la codecisión del Parlamento Europeo.
“Es la peor reforma de la PAC jamás concebida...”, esta afirmación tan contundente se pronunció en varias ocasiones en el Presídium de la COGECA celebrado el pasado 18 de abril en Bruselas. Lo sorprendente no es la afirmación en sí, sino que hacía referencia a varias intervenciones en el Parlamento Europeo, no sólo por parte de los eurodiputados, sino por parte de los representantes de organizaciones ecologistas y del propio sector. En definitiva, es una reforma que no gusta a nadie. Los ecologistas se sienten defraudados porque el greening presagiaba una ecologización de la PAC que según los propios ecologistas se ha quedado en agua de borrajas tras los debates en el Consejo y en el Parlamento.
La visión de los eurodiputados es también crítica, pero por motivos diferentes; consideran que la falta de flexibilidad de la Comisión ante los planteamientos del Parlamento no se corresponde con el procedimiento de codecisión y poco menos que está ninguneando a la Eurocámara.
Para los representantes del los productores y de las cooperativas la crítica es de mayor calado. Consideran que la reforma no obedece a las necesidades presentes y futuras del sector agrario y agroalimentario. De hecho, los debates se han centrado en los pagos directos, pero no se ha avanzado prácticamente nada en la OCM Única que es donde se abordan las cuestiones relacionadas con la regulación del mercado y el reequilibrio de la cadena, aspectos todos ellos que influyen en 70% de la renta de la mayoría de los productores. Sin embargo, la Comisión y los Estados miembros se han centrado en los pagos directos con el fin de alcanzar un compromiso político defendible en cada uno de ellos. Esto les ha llevado a aceptar dos principios: la convergencia externa de las ayudas y la convergencia interna. La convergencia externa ha supuesto una modificación en los flujos presupuestarios entre Estados miembros, circunstancia que nos ha beneficiado al tener unas ayudas a la hectárea inferiores a la media comunitaria, pero la convergencia interna la van a tener que hacer los propios países en base a una regionalización que, en la práctica, va a ser a la carta y tampoco va a conseguir una verdadera convergencia de ayudas entre productores, sino que pretende consolidar el status quo en su distribución. En la práctica la PAC va a dejar de ser común y eso supone un grave riesgo para su permanencia, en la medida en que cuando una política deja de ser común, no tiene sentido que se financie con el presupuesto comunitario.
Lejos quedan aquellos tiempos en que todos aplaudían la Comunicación del Comisario Ciolos para la reforma de la PAC, entre otras cosas porque todos se veían en la foto. Ahora parece todo lo contrario; expectativas truncadas y una sensación de distanciamiento con las necesidades presentes y futuras de un sector que debe seguir siendo un motor económico de primer orden.
Ninguna reforma de la PAC se ha planteado en un escenario tan complejo como el actual; un contexto de crisis económica sin precedentes, una UE ampliada a 27 Estados miembros extraordinariamente heterogéneos (tanto en lo político como en lo económico), una ausencia de liderazgo claro en la UE, y en particular en la Comisión, la instauración del procedimiento de codecisión del Parlamento Europeo y, por si esto fuera poco, o tal vez como consecuencia de lo anterior, una propuesta del comisario Ciolos rompedora, redactada con la pretensión de redistribuir las ayudas de la PAC entre Estados miembros y entre productores e introducir unas exigencias medioambientales (greening) con el fin de encontrar el respaldo de la sociedad que no encontró en sus colegas del Colegio de Comisarios y, sobre todo, en los países detractores de la PAC.
La propuesta del Comisario, de llegar a aprobarse en su integridad, hubiera supuesto una reconfiguración sustancial de los pagos directos especialmente grave en España debido a su diversidad productiva, difícilmente compatible con la tasa plana y la convergencia propuesta por el comisario Ciolos.
En este sentido, hay que reconocer el esfuerzo y la estrategia realizada por el Ministerio de Agricultura que identificó rápidamente los puntos más sensibles y, con una política de alianzas eficaz, consiguió neutralizar la propuesta del Comisario. Por ello hay que valorar el acuerdo político alcanzado esta semana en el Consejo de Ministros, donde España consiguió sus objetivos fundamentales: limitar la superficie elegible para aproximarla a los 22 millones de Has (similar a la existente en la actualidad), beneficiarse de la convergencia externa (que nos beneficia como país al tener una media de pago único por hectárea inferior a la comunitaria) y acotar la convergencia interna, de tal forma que haya un reequilibrio más ajustado a la realidad productiva y no se produzcan graves alteraciones entre productores con respecto a la situación actual.
También se ha conseguido flexibilizar la aplicación del “greening”, especialmente preocupante para los cultivos permanentes, e incrementar el límite para los pagos acoplados al 12%, cuestión fundamental para la ganadería extensiva y algunos cultivos industriales.
En cuanto a las cuestiones de carácter sectorial, se prorroga obligatoriamente el sistema actual de derechos de plantación del viñedo hasta el 31 de diciembre de 2018 y se incorporan las conclusiones del Grupo de Alto Nivel que van a permitir mantener hasta 2024 un sistema de limitación de derechos. Esta ha sido una demanda fundamental de los productores que neutraliza la tendencia liberalizadora implantada en los últimos años en la UE. También el azúcar consigue mantener durante dos años más el sistema actual de cuotas que pretendía suprimir la Comisión en 2015.
En definitiva, el Consejo y en particular el Ministerio de Agricultura español, han conseguido atenuar las consecuencias que se podrían derivar de la aplicación de una propuesta de la Comisión que nunca debería haber visto la luz y que, lejos de atender los nuevos retos alimentarios y potenciar la mejora de la productividad y competitividad del sector, potenciaba una agricultura de corte más medioambiental y paisajista que económico.
También hay que destacar la introducción de la coexistencia de programas nacionales de desarrollo rural con programas regionales. Esta ha sido una demanda fundamental hecha desde Cooperativas Agro-alimentarias de España para potenciar la integración supra-autonómica y que fue defendida por el ministro Arias Cañete a pesar de no contar al principio ni con el apoyo de la Comisión ni de otros Estados miembros, pero con el tiempo fue ganando adeptos y perdiendo detractores hasta quedar plasmada en el acuerdo político del Consejo. Otro de los aspectos a valorar es el incremento de la intensidad de las ayudas a las inversiones que soliciten las OPs fusionadas y que conlleven un incremento del 35% de su volumen de comercialización o del número de socios. Esto último será sin duda un estímulo para la puesta en marcha de la Ley de Integración Cooperativa y que debemos valorar en su justa medida.
El capítulo más abierto es el relativo a la OCM Única en lo referente a la organización y vertebración del sector (Organizaciones de Productores, Asociaciones de OPs e Interprofesionales). Este es un aspecto clave para conseguir el reequilibrio de la cadena agroalimentaria que para Cooperativas reviste especial importancia. Lo mismo sucede con los instrumentos de regulación de mercado, donde países como España y otros 7 Estados miembros han firmado una declaración conjunta defendiendo la necesidad de actualizar los precios de referencia para la activación del almacenamiento privado y la intervención, de tal forma que tengan en cuenta la evolución de los costes productivos. Ambas cuestiones, las Organizaciones de Productores y la regulación de mercado, encuentran posiciones antagónicas en el Consejo.
Vertebración del sector
Por una parte los países del Norte no quieren hablar ni de vertebración del sector (porque ya están vertebrados) ni de regulación del mercado, entre otras cosas porque sus empresas están muy internacionalizadas y encuentran en los países emergentes un refugio para sus excedentes coyunturales. Sin embargo, para España y para los países del Sur, ambas cuestiones son fundamentales para conseguir un equilibrio de fuerzas entre la producción, la industria transformadora y la gran distribución. En este sentido hay que valorar que se haya conseguido mantener el reconocimiento obligatorio para las Organizaciones de Productores de frutas y hortalizas, vino y leche, siendo potestad de los Estados miembros abrir el reconocimiento para los demás sectores.
Siguiendo con las Organizaciones de Productores, es interesante que se les haya concedido la capacidad para acordar una extensión de norma con fines relativos a la sanidad animal, vegetal y la seguridad alimentaria, si bien nos gustaría que prosperase en el trílogo la propuesta del Parlamento Europeo, más ambiciosa, y que permitiría a las OPs y sus Asociaciones retirar coyunturalmente producto del mercado sin necesidad de que tengan que existir problemas de carácter sanitario.
En definitiva, la valoración del resultado del Consejo es, en términos generales, positiva, sobre todo si tenemos en cuenta la diferencia de intereses existentes en la UE y que la propuesta de la Comisión venía francamente mal colocada. Si a esto añadimos los problemas y limitaciones comentados al principio, el esfuerzo de la delegación española es, si cabe, más importante.
Y ahora qué
Quedan ahora dos etapas pendientes: la primera es el cierre de la reforma y la segunda su aplicación en España. En cuanto a la primera, somos ligeramente optimistas porque la incorporación del Parlamento debería mejorar los flecos pendientes, entre otras cosas porque el dictamen del PE va más allá en determinados aspectos que el acuerdo político alcanzado en el Consejo. En cuanto a la segunda somos menos optimistas. Es evidente que aunque se ha conseguido atenuar el impacto de la convergencia interna propuesta inicialmente por la Comisión, no es menos cierto que las referencias históricas han terminado y para que no haya modificaciones sustanciales en los pagos recibidos entre regiones, sectores y productores es necesario realizar un ejercicio de creatividad extraordinario a la hora de definir las “regiones homogéneas”. Y es que el principal problema es que el agricultor considera el pago único como un derecho histórico, con todo lo que eso significa: un derecho adquirido y permanente.
Por todo ello, en Cooperativas Agro-alimentarias de España nos hemos concentrado en demandar instrumentos y medidas que permitan al productor mejorar su posición en el mercado y así mejorar su renta sin depender tanto de los pagos directos. Para ello es muy importante que se definan bien los criterios de calificación de las OPs y sus atribuciones, dejándolas cubiertas y amparadas de la actuación de las Autoridades de Defensa de la Competencia, al tiempo que confiamos que la coexistencia de un programa de desarrollo rural nacional con los regionales y los incentivos a las fusiones e integraciones de OPs sean un estímulo para la fusión e integración de nuestras cooperativas. Si finalmente conseguimos que la reforma permita reforzar los estímulos para la mejora de la competitividad y la vertebración y estructuración económica del sector, daremos por buena una reforma que originalmente tenía muy mala pinta y que, entre todos, habremos conseguido enderezar.
La semana pasada se celebró en Budapest el Congreso del COPA-COGECA que giró en torno a la próxima reforma de la PAC y al Año Internacional de las Cooperativas. Sin pretender hacer una descripción pormenorizada de las múltiples intervenciones de los ponentes y participantes, sí me gustaría compartir algunas de las cuestiones planteadas e incluso aquellas que podría calificar de conclusiones.
1. Por primera vez se observa un cierto optimismo en el sector. Evidentemente existen notables diferencias entre la parte ganadera y la agrícola, pero el tirón de la demanda presente y futura en los mercados internacionales, y en particular en las economías emergentes, ha creado expectativas favorables que han convertido al sector en protagonista en los mercados y en las instituciones internacionales.
2. Se ha perdido el miedo a hablar de la biotecnología y en particular de los organismos transgénicos. Cada vez más organizaciones se manifiestan abiertamente favorables a su desarrollo en la UE y critican las limitaciones actuales en un mercado global donde es imposible competir dando la espalda a la biotecnología.
3. La UE debería cambiar el rumbo de la PAC. Surgen cada vez más voces que califican la PAC de obsoleta, que no da respuesta a las necesidades del sector ante un mercado cada día más volátil, abierto y desequilibrado. No obstante, sigue habiendo una gran inercia del pasado que pesa no sólo en las instituciones comunitarias, sino también en el propio sector que prefiere malo conocido que bueno por conocer y, sobre todo, teme que sus críticas puedan ser utilizadas por los detractores de la PAC y de su presupuesto.
4. El presupuesto de la PAC amenazado. El comisario reconoce las tensiones existentes y da a entender que va a haber un recorte a sus propuestas, pero insiste en la necesidad de que se mantenga tanto en el primer pilar como en el segundo, este último altamente vulnerable si tenemos en cuenta que es cofinanciado por los Estados miembros y, en consecuencia, esta opción podría recibir el aplauso de muchos de ellos que se ven incapaces de aprovechar el presupuesto comunitario.
5. La volatilidad de los precios agrarios es una amenaza que no encuentra respuesta en la reforma de la PAC. Todos coinciden en que ha venido para quedarse, pero nadie propone ninguna medida concreta. Se considera que es un problema global que debería contar con instrumentos globales acordados en las instituciones internacionales y, en particular, en la OMC. La gestión de la oferta por parte del propio sector se apunta como un mecanismo preventivo que requiere un alto grado de integración para que sea efectiva y su compatibilización con el Derecho de Competencia, lo cual implica necesariamente que se recoja de forma explícita en la reforma de la PAC.
6. OPs e Interprofesionales deberían tener un papel más importante en la futura PAC. Esta es una idea del Comisario Ciolos compartida por los países del Sur de la UE pero que encuentra difícil encaje en una UE muy heterogénea donde los nuevos Estados miembros no tienen ninguna experiencia y los nórdicos no la necesitan porque ya están integrados. Precisaría además, como se ha comentado anteriormente, una seguridad jurídica que permitiese quedar a salvo de Competencia.
7. El principio de equivalencia. El comisario adelanta su predisposición a que aquellas prácticas que vayan más allá de la condicionalidad puedan ser reconocidas a efectos de cobrar la parte de ayudas correspondientes al greening. En este sentido está abierto a las sugerencias que se puedan hacer desde el sector o por los propios Estados miembros,
8. Convergencia de las ayudas de la PAC. El comisario se manifiesta partidario de que las ayudas por Ha que se apliquen a un mismo sector se vayan igualando, tanto entre Estados miembros como entre diferentes regiones de producción. Sabe que es un tema extremadamente delicado, por ello se manifiesta abierto y flexible, pero deja clara su voluntad de que las referencias históricas no puedan ser utilizadas sine die, incluso explicita su disconformidad con ellas y advierte que plantean situaciones tremendamente injustas entre productores.
9. Desequilibrio de la cadena. Hay coincidencia en su existencia, pero dificultades para encontrar o proponer medidas que lo resuelvan. Ha quedado claro que los códigos de buenas prácticas de carácter voluntario no son suficientes para evitar actuaciones de abuso, pero tampoco hay unanimidad para apoyar iniciativas legislativas de ámbito comunitario y mucho menos para acordar el contenido de las mismas. La razón estriba en el impacto desigual de la integración de las grandes cadenas de distribución en el sector ya que la respuesta en los países del Norte de la UE ha ido en la misma dirección, creando grandes cooperativas que se han convertido en operadores globales, razón que les ha permitido contar con un poder de negociación mejor que en el Sur de la UE. En este sentido, países como Dinamarca, Holanda, Suecia, etc. son más reacios a cualquier intervención de las Administraciones, mientras que en los países del Sur las consideramos indispensables.
10. Apoyo a las cooperativas agroalimentarias. en el Congreso se ha manifestado un apoyo claro y decidido a las cooperativas como fórmula más adecuada para mejorar las rentas de los productores. En la actualidad existen 38.000 cooperativas en la UE, facturan 360.000 millones de €, asocian a 7 millones de productores y dan empleo directo a 660.000 personas. Entre 2003 y 2008 las 25 cooperativas de mayor dimensión han incrementado su facturación en un 38%. El top 30 tiene un volumen de negocios por cooperativa superior a los 1.000 millones de € y se han convertido en líderes mundiales en sus respectivos sectores. El valor añadido por las cooperativas duplica el valor de las materias primas entregadas por sus socios.
Una vez más se ha puesto de manifiesto que el camino más corto entre dos puntos no es necesariamente la línea recta. No me cabe duda de que el comisario Ciolos quiere lo mejor para la Política Agraria Común, PAC, incluso para los agricultores, aunque a veces resultan difíciles de entender sus métodos y propuestas.
El viernes pasado tuve la ocasión de asistir, que no de participar, en un seminario organizado por el comisario de agricultura sobre la próxima reforma de la PAC. Y una vez más, es el segundo seminario al que asisto de la era Ciolos, la participación del sector (productores, cooperativas, industria agroalimentaria) ha pasado prácticamente desapercibida. Universidad, institutos de investigación, organismos internacionales, instituciones comunitarias, fundaciones medioambientalistas destacaron muy por encima de los representantes del sector.
Por ello no es de extrañar que los temas más citados fueron el “greening” y la sostenibilidad de la actividad agraria. Afortunadamente, la sostenibilidad, fue definida por el Director General Adjunto de la DG AGRI, Pacheco, en sus tres vertientes: económica, social y medioambiental, aunque la mayoría de los demás intervinientes se concentraron sólo en esta última.
Tras toda una jornada escuchando argumentaciones que poco tenían que ver con la realidad agroalimentaria y, sobre todo, tras las intervenciones de los directores de la DG AGRI y la clausura del Comisario Ciolos, me di cuenta de que el objetivo del seminario no era otro que la justificación del mantenimiento de la PAC. Los representantes del sector fuimos mero “paisaje rural”, porque el seminario iba dirigido a los actores más críticos con el sector, a los que cuestionan incluso la existencia de una Política Agraria Común y buscaba el apoyo del mundo universitario, la investigación y de aquellos medioambientalistas que consideran el “greening” como un cambio en la buena dirección.
La primera conclusión a la que uno llega es que si el legislador europeo debe convencer a estas organizaciones de la necesidad de mantener una agricultura activa en la UE que, entre otras cosas, les alimenta, algo grave está pasando. No pongo en duda la necesidad de escuchar a todos, pero el legislador debe diferenciar claramente entre quienes representan una sensibilidad, y entre quienes representamos una realidad económica, social y territorial avalada por millones de agricultores y miles de empresas que viven de una actividad tan digna y necesaria como la agricultura y la alimentación.
Por otra parte, la agricultura europea y el conjunto de industrias que componen el sector agroalimentario, constituyen sin duda el colectivo más respetuoso con el medio ambiente de todos los sectores económicos. En los últimos años han realizado un esfuerzo ingente por mejorar las técnicas productivas y hacerlas más sostenibles desde el punto de vista medioambiental, a pesar de que el mercado no les recompensa el esfuerzo realizado, lo que pone de manifiesto que una cosa son los discursos y otra muy diferente la cruda realidad.
Desde mi punto de vista el objetivo del seminario no fue provocar un debate, sino crear un clima favorable a la reforma de la PAC con vistas a la próxima discusión sobre las perspectivas financieras de la UE. De hecho no hay más que mirar los tres grupos de trabajo que enmarcaron las jornadas: el papel de la PAC en el abastecimiento alimentario, su contribución a la cohesión y desarrollo territorial y, finalmente, su papel en la conservación de los recursos naturales.
La representación del COPA-COGECA en las mesas fue prácticamente invisible y, en particular, en el grupo de trabajo sobre seguridad de abastecimiento los ponentes fueron representantes de la universidad, FAO y la propia DG Agri.
Para mí la intervención más coherente la hizo el representante de la OCDE, Ken Ash, quien centró su ponencia en la pérdida de competitividad de la agricultura y de la industria agroalimentaria europea desde 1993. El incremento de las importaciones, la reducción de las exportaciones, de los precios internos y de las rentas de los agricultores comunitarios han ido acompañados de un incremento en los precios internacionales y de un crecimiento de la cuota de mercado de países como Brasil, Argentina, Chile, Sudáfrica, Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos... En consecuencia, Ash se preguntaba sobre si las sucesivas reformas de la PAC habían ido en la buena dirección y, sobre todo, si las propuestas actuales habían tenido en cuenta el nuevo escenario mundial y los desafíos a los que se enfrenta la agricultura comunitaria en un mercado global.
Creo que la Comisión intenta la cuadratura del círculo, buscando consensos imposibles entre las diferentes posiciones existentes en los Estados Miembros; unos defendiendo el status quo y otros un cambio radical, los que proponen una orientación más medioambientalista y los que consideran que hay que incrementar la productividad y evitar sobrecostes que nos hacen perder competitividad, los que abogan por una mayor regulación de los mercados y quienes defienden una liberalización total,....
En definitiva, lo que tenemos en Europa es un problema de gobernanza y pretender quedar bien con todos es misión imposible. La Comisión debe ser coherente con las necesidades y la realidad del mercado actual y futuro, los demás lo están haciendo de forma decidida y nosotros todavía andamos con seminarios intentando justificar una política que empieza a no gustar a casi nadie.
Escribo cuando todavía estoy regresando de Bruselas con las ideas frescas y una cierta envidia de nuestros colegas del Norte, y no me refiero a la crisis económica, sino a sus relaciones con las cadenas de la Gran Distribución.
Me explico. Este jueves hemos discutido en la Confederación de Cooperativas de la UE, (COGECA), el documento elaborado por el Foro de Alto Nivel que pretende contribuir a mejorar las relaciones comerciales de la cadena agroalimentaria europea, conscientes de que existe un desequilibrio de fuerzas favorable, en la inmensa mayoría de los casos, a la Gran Distribución. Este Foro recibe el calificativo de “alto nivel” porque está liderado por varios comisarios europeos; Tajani (Industria y Empresa), Barnier (Mercado Interior y Servicios), Dalli (Salud y Consumo) y, finalmente Ciolos (Agricultura). Además, participan funcionarios de alto nivel de diversos Estados miembro y los representantes de la cadena agroalimentaria: agricultores y cooperativas, industria agroalimentaria y comercio. Pues bien, tras largos meses de debate llegaron a redactar un documento de 13 páginas donde el “compromiso” que proponen es la redacción de un código de buenas prácticas de carácter voluntario.
Lo que más me ha sorprendido no es que llegasen a ese “compromiso” donde se describen una serie de actuaciones que deberán ser respetadas por las partes que voluntariamente lo hayan suscrito, sino la posición de mis colegas del Norte de la UE.
Por partes. Mi argumentación fue que si partimos de la existencia de un desequilibrio en la cadena agroalimentaria provocada por el abuso de poder de la Gran Distribución, un código de buenas prácticas de carácter voluntario no iba a servir para nada. Mi propuesta, en la línea de los trabajos realizados en España con OPAs, FIAB y Cooperativas Agro-alimentarias de España, consistía en la identificación y prohibición de las prácticas de abuso y el establecimiento de un Organismo Supervisor que actuase de oficio y con capacidad sancionadora. Este Organismo no necesitaría ninguna denuncia para actuar, entre otras cosas porque los proveedores nunca se han atrevido a denunciar a sus clientes ante el temor a perderlos, sino que actuaría por propia iniciativa. Mi posición fue apoyada de forma explícita por Italia y Portugal, e implícitamente se sumaron otras delegaciones de la “periferia” europea. Francia entendió mis argumentos, pero consideraba que el documento era un paso en la buena dirección y que podría recibir su apoyo.
Alemania expuso que el documento también podría recibir su apoyo, pero advirtió que no querían que se alterase la legislación existente en Alemania con la que se sentían cómodos. Pero me voy a detener en la posición danesa. Las cooperativas de este país consideran que no hay que hacer nada, el mercado debe actuar libremente y la Administración no debe inmiscuirse en las relaciones comerciales entre operadores. Argumentan que sus cooperativas bastante problema tienen con las Autoridades de Competencia que, a menudo, consideran que actúan en una posición de dominio porque controlan la práctica totalidad de la producción agroalimentaria danesa. Finalizan su argumentación recalcando que tienen unas buenas relaciones con sus clientes, por lo que no precisan ninguna supervisión de la Administración.
¿Qué tienen los daneses que nosotros no tenemos?. Apenas una docena de cooperativas que facturan 20.520 millones de € y agrupan la práctica totalidad de la producción agraria y la producción agroindustrial del país.
Finalmente, no ha habido acuerdo y el documento presentado por el Foro de Alto Nivel no ha sido aprobado por la COGECA (Confederación de Cooperativas de la UE), pero sigo pensando que para el reequilibrio de la cadena agroalimentaria no solo son necesarias leyes, sino políticas y estrategias que permitan concentrar la oferta e integrar la comercialización. Otros lo han hecho en su día y, por lo visto, les va bastante mejor que al resto.
Desde hace varios meses diversas personas están intentando persuadirme para que me lance a publicar un blog donde recoja mis impresiones, opiniones, o simples reflexiones relacionadas con mi experiencia profesional y, sobre todo, mi visión sobre el presente y el futuro de la actividad y política agroalimentaria. He de decir que al principio sentí un poco de pereza, incluso vértigo al enfrentarme por primera vez al mundo de las redes sociales y la interacción que ello comporta, incluso algo que es todavía peor; el fracaso que supondría el silencio, la ausencia de respuesta.
Finalmente he decidido dar este paso porque me apetece y porque me veo también en la obligación de compartir mis experiencias en una red como Chil que me parece muy profesional, responsable, integrada por personas deseosas de interaccionar y comunicar sus experiencias y conocimientos.
Así me lanzo, decidido a compartir, abierto a las críticas que recibiré como un premio, habida cuenta de que quien las haga habrá dedicado parte de su tiempo a la lectura de mi blog, y lo que es mucho más de agradecer, a compartir conmigo y todos los miembros de la red sus conocimientos y opiniones sobre algo que yo he escrito.
Eso sí, quiero advertir que los contenidos me comprometen solo a mí y no a la Organización que dirijo, entre otras cosas porque la agilidad con la que escribiré no me va a permitir la consulta, pero además, porque creo que la frescura de un blog exige improvisación, consecuencia de la inspiración fugaz que hace que muchas veces sean meras reflexiones en voz alta, fruto de una vivencia concreta, o de un mero pálpito movido por la ilusión innata de las personas que vivimos para comunicar, sufrir y disfrutar con los demás.
Por ello he pensado que nada mejor que titular mi blog “reflexiones para compartir”, no es muy original, pero creo que refleja lo que quiero y deseo hacer con mi blog. Por cierto, tengo muchas más pasiones que mi trabajo y no descarto utilizar este blog para compartir con vosotros alguna de ellas, pero ya veremos, de momento no he hecho más que dar el primer paso y decidirme a entrar en acción. Espero que sea para bien.
He decidido dar este paso porque me apetece y porque me veo en la obligación de compartir mis experiencias. Me lanzo, decidido a compartir, abierto a las críticas que recibiré como un premio, habida cuenta de que quien las haga habrá dedicado parte de su tiempo a la lectura de mi blog.
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I.T Obras Públicas. Tráfico y Servicio...
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Entorno 2.0
Ignacio Solís Martel
seleccionador de cereales y leguminosas
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Trabajo para las cooperativas españolas
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Director Cultivos Herbáceos